CURIOSIDADES

Una profesora asistente de la NYU se ha implantado una pequeña cámara en la nuca que durante un año entero actuará como una tercer ojo y sacará una fotografía por minuto durante ese periodo. Lo más curioso de todo es que el hecho en cuestión es parte de un proyecto de un nuevo museo en Qatar, y la mayor preocupación de la facultad es la posible violación de privacidad de los alumnos. ¿Qué será lo siguiente?

Para todos aquellos interesados, os dejo la noticia y la web del proyecto.

Gerente y consejero. La práctica habitual en la pyme española.

Para explicar esta cuestión, tomaremos un sujeto ficticio, Carlos Codina.

Digamos que Carlos Codina es, por un lado, gerente, es decir, es un representante voluntario, posee facultades para administrar, dirigir y contratar sobre todo lo que forme parte de la actividad de la empresa, es por lo tanto un apoderado general que actúa en nombre y por cuenta de la sociedad a través de un poder general que esta le otorga. El Art. 282 del C de C. exige que tenga capacidad para obligarse. El poder es un general para el ejercicio de su actividad y cuando la sociedad esté inscrito en el R.M. deberá inscribirse también en el poder general (art. 22.1 C de C y 87.2º RRM). Se pueden limitar sus facultades siempre que no sean muchas las limitaciones, ya que de lo contrario perdería su condición de apoderado general. Si el poder general se ha inscrito en el R.M. deberán inscribirse igualmente las limitaciones al poder para que puedan ser conocidas por cualquier tercero que contrate con él desde su publicación en el BORME.

 

Así, sus funciones (Sección Segunda C de C), las de ese factor (atribuimos esa condición por asimilación, la terminología del Código de Comercio está un poco obsoleta) aunque no esté estrictamente al frente de una tienda, almacén… digamos que un director general de una empresa también lo es; se basan en el y tráfico (art. 281 C de C y Sentencias de 22 junio 1989, 14 mayo 1991, 13 mayo 1992, 18 noviembre 1996, 31 marzo 1998, 10 julio 2003 y 2 abril 2004, entre otras), y como representante, esto tiene el efecto básico de que será el Consejo (en defecto de empresario) el responsable de los actos del factor frente a los terceros, siguiendo a la doctrina (ámbito de apoderamiento y límites).

Carlos debe actuar por cuenta y nombre de la sociedad en todos los actos y contratos, haciéndolo constar expresamente. Aquí, estando como ya hemos dicho facultado, al contratar en nombre propio, se obliga directamente él, pero si la negociación es por cuenta del principal, es decir que los beneficios fueran para éste, el tercero podrá dirigirse contra ambos (Art. 284 C de C).

La sociedad ejercita una actividad económica que se concreta en un conjunto de actos de los que ha de responder. Desde un punto de vista jurídico con la afirmación de que asume su responsabilidad.

La relación interna entre consejo y factor normalmente será una relación de carácter especial con un contrato de alta dirección, regulado por el RD 1382/85. El contrato que suscriban se basa en la confianza mutua y recíproca, y subsidiariamente, al pacto contenido en el propio contrato o la disposición reglamentaria y se rige por las normas civiles o mercantiles del mandato.

La revocación del mandato es la extinción unilateral del contrato de mandato por decisión del mandante; se fundamenta en la necesidad de hacer desaparecer los efectos del mandato cuando desaparece la base del mismo: la confianza del mandante en el mandatario. El mandatario puede también extinguir unilateralmente el contrato mediante la renuncia de mandato. En ambos casos, la parte que extingue el contrato deberá comunicarlo a la contraparte. La muerte de cualquiera de ellos, extingue asimismo el contrato. (art 1.732 a 1.739 CC).

Pero por otro lado, Carlos Codina es representante necesario, y en este caso miembro del Consejo de Administración, una de las formas de representación necesaria de la sociedad (arts 136 a 143 LSA), y la representación de la sociedad, en juicio o fuera de él, corresponde a los administradores en la forma que se ha establecido en los estatutos de la sociedad.

El nombramiento de los administradores y la determinación de su número corresponde a la Junta General, cuando los estatutos establezcan solamente el máximo y el mínimo. La Junta General, puede, si no existe disposición en los estatutos, fijar las garantías que los administradores deben prestar o relevarlos de esta prestación. El nombramiento de los administradores surte efecto desde el momento de su aceptación y ha de ser presentado para su inscripción en el Registro Mercantil durante los diez días siguientes a la fecha de aquélla, haciendo constar sus nombres, apellidos y edad, si fueran personas físicas o su denominación social, si fueran personas jurídicas y, en ambos casos, su domicilio y nacionalidad y, en relación a los administradores que tengan atribuida la representación de la sociedad, si pueden actuar por sí solos o necesitan hacerlo conjuntamente.

Por demás, la representación se extiende a todos los actos comprendidos en el objeto social delimitado en los estatutos y será ineficaz frente a terceros la limitación de las facultades representativas de los administradores, aunque se halle inscrita en el Registro Mercantil. La sociedad anónima queda obligada frente a terceros que hayan obrado de buena fe y sin culpa grave, aun cuando se desprenda de los estatutos inscritos en el Registro Mercantil que el acto no está comprendido en el objeto social.

La elección de los miembros del Consejo se realiza por medio de votación. A estos efectos, las acciones que voluntariamente se agrupen, hasta constituir una cifra del capital social igual o mayor que la que resulte de dividir este último por el número de Vocales del Consejo, tendrán derecho a designar los que, superando fracciones enteras, se deduzcan de la correspondiente proporción. En el caso de que se haga uso de esta facultad, las acciones así agrupadas no intervendrán en la votación de los restantes miembros del Consejo.

El Consejo de administración queda válidamente constituido cuando acuden a la reunión, presentes o representados, la mitad más uno de sus componentes.

Adopción de acuerdos. Se adoptan por mayoría absoluta de los Consejeros presentes en la sesión, que deberá ser convocada por el presidente o el que realice sus funciones.

Cuando los estatutos de la sociedad no disponen otra cosa, el Consejo de administración puede designar a su presidente, regular su propio funcionamiento, aceptar la dimisión de los Consejeros y designar de su seno una Comisión ejecutiva o uno o más Consejeros delegados sin perjuicio de los apoderamientos que pueda conferir a cualquier persona.

El consejo de administración puede servirse de representantes voluntarios para que representen a la sociedad, pudiendo ser la persona elegida para representar a la sociedad orgánica y voluntariamente la misma. De la misma manera que la condición de administrador no comporta necesariamente la facultad de representar a la sociedad, pueden existir administradores con poder de representación y administradores que carezcan de él (arts. 129 C de C, 124.2 RRM y 62 LSA).

De este modo, Carlos Codina, puede ser a la vez representante necesario y voluntario sin ningún tipo de incompatibilidad e independientemente.

Quisieramos apuntar también que cierto es que el artículo 126 de la Ley de Sociedades Anónimas fija la duración del cargo de administrador en cinco años. Este requisito sería fácilmente salvable mediante la reelección de los miembros del órgano de administración. Sin embargo, el problema se plantea frente a otros derechos reconocidos a la Junta General y a los propios administradores, y que cualquier pacto contrario a los mismos o limitándolos sería contrario a derecho no vinculando a éstos.

Nos referimos a una serie de derechos como el derecho de separación de los administradores (art. 131 LSA), la facultad de cooptación del órgano de administración (artículo 138 LSA), etc, que no podrían verse condicionados ni limitados por estos pactos. Es más, en el caso de que por cualquier circunstancia un miembro del órgano de administración incurriese en una causa de prohibición reconocida por el artículo 124 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Por todo ello, necesariamente debemos concluir, que la sociedad no podrá comprometerse respecto a algo que la Ley le impide cumplir (artículo 1.184 del Código Civil en relación con el artículo 1.272 del mismo). En este sentido, ni la propia Junta General podría adoptar un acuerdo por unanimidad limitando los derechos expresados en el cuerpo del presente artículo porque el artículo 10 de la Ley de Sociedades Anónimas, al tratar la autonomía de la voluntad, señala que la misma se encuentra limitada por las leyes y los principios configuradores de la sociedad anónima. Por ello, un acuerdo de este tipo sería nulo de pleno derecho ex artículo 115.2 del citado texto legal.

Clara demostración sobre la diferencia entre iliquidez e insolvencia.

Video:

Spain: Make or break time for Insolvency Law? Towards a Business Restructuring Law

Artículo de Antonio Fernández Rodríguez.[Ver]

Extracto:

Insolvency Law can hardly reconcile business preservation and creditors satisfaction, so it usually sacrifices one or the other principle being therefore qualified as more or less debtor friendly. The question is whether preservation of business should take place in a prior stage, that of the pre- insolvency, leaving liquidation for the terminal insolvency situations. That would require broadening the scope of the Law, in order to include pre- insolvency solutions, the failing of which would lead to liquidation; we would be talking about a Restructuring Law instead of an Insolvency Law.

This being the case, more recently new ideas regarding the purposes that Insolvency Laws should serve star ted to emerge as a result of the ever- increasing complexity of commercial and economic dealings in the 20th century and the highly sophisticated nature of economics as a discipline for the study of systems and structures of economies, in general, and businesses, in particular.

In this purgative function, insolvency proceedings play a secondary role, since the preferred remedy is for the trader to acknowledge its failure in time and to voluntarily realign its business approach before the trader's ability to satisfy its creditors in full is jeopardized. However, when the trader does not do so, formal insolvency proceedings are a coercive means to this end and are accompanied by scrutiny of the debtor's conduct in order to hold it to account for any liabilities it may have incurred by letting things come to a head.

Next along the scale, but by now subject to free market rules, are a series of operations which require a high degree of concentration in order to be efficient, thereby gaining a size and a systemic significance which requires, on the one hand, a certain degree of regulation by the public authorities and, on the other, a special regime to monitor their solvency, accompanied by "quasi-insolvency" proceedings (procedimientos "paraconcursales") with preservation being their aim and with a high degree of intervention by the authorities. These activities include regulated sectors, such as the banking and insurance industries, and there is debate as to whether large concerns should also be "above" business risk, avoiding conventional formal insolvency proceedings and falling within the scope of these preservation-oriented administrative processes (this avoidance of formal insolvency proceedings has caused many in recent times to again heed the axiom "too big to fail").

Where does the problem lie? The problem is twofold and stems, first, from the fact that an attempt is made to reconcile these two aims in the context of formal insolvency proceedings through an arrangement between the debtor and its creditors; this is recognised in the Preamble to the Law, which states that "even though the purpose of the insolvency proceeding is not to turn around enterprises, an arrangement for continuity may be the instrument for saving those considered fully or partially viable, to the benefit not only of the creditors but also of the insolvent enterprise itself, its employees and other interests." In doing so, the principle of preservation of companies is linked to the authority already held by creditors to decide whether to replace collective execution against the debtor's assets with an arrangement with the debtor that enables the business to continue and its future profits to be used to achieve a better level of debt satisfaction. Other aspects are added to reinforce this principle, including allowing the debtor to remain at the helm of its business until a vote is taken on the arrangement, keeping its contracts in force and unaffected by the formal insolvency proceeding and, as a last resort, where liquidation is unavoidable, encouraging the disposal of the business units as a whole concern, that is, attempting to avoid, as far as possible, the piecemeal break-up or isolated sell-off of its constituent parts.

A qualitative conceptual leap is required in order to realise that what companies need today and are demanding is, so to speak, a Business Restructuring Law: (i) guided by the principle of preserving companies, which can now be given precedence, since only pre-insolvency situations are involved in which there is not yet a threat of such proportions to creditors that it obliges the law to treat the satisfaction of their claims as a priority; (ii) which envisages an earlier event triggering the application of the law, such as the non-circumstantial loss of profitability or a gap in financing, placing effective restructuring tools at the disposal of traders, both on an operating and financial level, thereby allowing businesses to return to the parameters required to operate in the free market; and (iii) integrating, in short, court-driven insolvency proceedings as a residual, fall-back solution for companies whose viability cannot be salvaged through such business restructuring tools, thereby regaining its traditional and distinctive purpose of liquidation.